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El Expediente | Entrega XII. Del congelamiento de bienes a la recompensa: cómo empieza el fin de los OFAC
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La Sanción OFAC a Petro: Crónica de un Embargo Institucional y el Contagio del Riesgo
La designación del presidente Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos desata una crisis sin precedentes, paralizando no solo al individuo, sino a toda la estructura del Estado colombiano.
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Una serie de artículos de El Expediente analiza las devastadoras consecuencias de la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, designándolo como Nacional Especialmente Designado (SDN) bajo la orden ejecutiva 14059. Esta medida no es un punto final, sino el inicio de un proceso que podría escalar a acusaciones penales, órdenes de captura y recompensas internacionales, siguiendo el patrón de casos como los de Nicolás Maduro en Venezuela o Rafael Caro Quintero en México. La sanción trasciende al individuo y genera un embargo de facto para la Nación. La firma del presidente, necesaria para la gestión del Estado, se vuelve tóxica e inhabilita al país para acceder a créditos de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial o el BID, ya que sus funcionarios son considerados "U.S.
Persons" y tienen prohibido tratar con un SDN.
Asimismo, la emisión de deuda externa se torna inviable, pues los bancos de inversión y asesores legales en Nueva York no pueden participar en transacciones autorizadas por una persona sancionada. La única salida sería una delegación de firma autorizada explícitamente por la OFAC, lo que subordina la soberanía financiera de Colombia a Washington.
El riesgo se extiende como un contagio a los círculos cercanos al mandatario a través del concepto de "facilitación material".
Familiares, ministros, asesores como Laura Sarabia y financistas de campaña quedan expuestos a sanciones secundarias.
Actos cotidianos como pagar un servicio para el presidente o ejecutar una orden ministerial que involucre tecnología estadounidense (Microsoft, Amazon) se convierten en violaciones potenciales.
La OFAC, además, puede iniciar una revisión retroactiva de los flujos financieros que apoyaron al sancionado, poniendo en riesgo a los donantes de su campaña.
Finalmente, la sanción crea una paradoja para quienes interactúan con el presidente.
Su equipo de abogados, incluyendo a Mauricio Pava y Miguel Ángel del Río, enfrenta el riesgo de violar la ley estadounidense al cobrar honorarios o usar software común (Gmail, Google Drive) para su defensa. De igual forma, los medios de comunicación se enfrentan a un bloqueo financiero, no de censura. Aunque pueden entrevistar a Petro, la monetización de ese contenido a través de plataformas como YouTube o Meta es bloqueada por algoritmos de cumplimiento para evitar generar ingresos en beneficio de un SDN.
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