El Gobierno de Petro enfrenta un choque institucional y acciones legales por el decreto de emergencia económica

La declaratoria de emergencia económica del presidente Gustavo Petro ha desatado una confrontación entre el Gobierno y el Congreso, así como acciones judiciales por parte de la oposición que buscan suspender la medida.

El decreto de emergencia económica, social y ecológica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro el 22 de diciembre de 2025 ha generado una profunda crisis institucional y un debate jurídico en el país. La medida, que busca herramientas para enfrentar la situación fiscal, ha provocado un choque directo entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, además de una ofensiva judicial por parte de la oposición. El conflicto institucional se desató cuando el presidente del Senado, Lidio García, convocó a una sesión extraordinaria para ejercer control político sobre el decreto, argumentando que la autonomía del Congreso no se suspende durante el receso legislativo. En respuesta, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que dicha citación no es procedente hasta que el Gobierno remita el informe oficial que justifica las medidas, un requisito previo según la Constitución y la ley.

Benedetti también cuestionó la validez de realizar sesiones virtuales para este fin.

A la controversia se sumó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien criticó duramente a García. Paralelamente, el partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe y la senadora Paloma Valencia, interpuso una acción de tutela para frenar de manera inmediata los efectos del decreto. La oposición argumenta que la emergencia se basa en problemas estructurales y no en hechos sobrevinientes, y que el Gobierno la utiliza como un "cheque en blanco" para imponer nuevos impuestos sin pasar por el debate en el Congreso. La tutela busca una suspensión provisional mientras la Corte Constitucional, actualmente en vacancia judicial, inicia su revisión de fondo a partir del 13 de enero. Desde el Ministerio de Hacienda se justificó la emergencia por un desfinanciamiento del presupuesto de 2026 y gastos adicionales no cubiertos en seguridad, salud, gestión del riesgo y sentencias judiciales. Entre las medidas anunciadas se encuentran un aumento en la escala del impuesto al patrimonio para los más altos y una sobretasa de 10 puntos al impuesto de renta del sector financiero. El ministro Germán Ávila Plazas negó que se vaya a implementar un impuesto del 5x1.000.