Entre la vigilancia fronteriza y la realidad local: la lucha de Colombia contra la violencia sexual infantil



Entre enero y septiembre de 2025, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia ha inadmitido a 46 ciudadanos extranjeros con antecedentes de delitos sexuales contra menores. Esta medida fue posible gracias a la cooperación internacional y el uso de herramientas como Angel Watch, que permite identificar y monitorear a personas con este tipo de historial. La mayoría de los inadmitidos por esta causa son de nacionalidad estadounidense, aunque también se registraron casos de ciudadanos de Nigeria, Reino Unido, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, México y Canadá. Recientemente, cinco estadounidenses fueron inadmitidos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia) por representar un alto riesgo para la seguridad. Estas acciones forman parte de un control migratorio más amplio que ha resultado en la inadmisión de un total de 2.674 extranjeros y la expulsión de 227 personas en el mismo periodo. Las principales causas de inadmisión incluyen la falta de documentación requerida (786 casos), no presentar visa (498), proporcionar información falsa (376) y representar un riesgo para la seguridad del Estado (322).
Las nacionalidades con mayor número de inadmisiones son Venezuela (616), Estados Unidos (346) y República Dominicana (266). En cuanto a las expulsiones, los ciudadanos venezolanos lideran la lista con 125 casos, seguidos por los de República Dominicana con 41. Los operativos de control se han implementado en los principales puntos de entrada al país, tanto aéreos —como los aeropuertos El Dorado de Bogotá y Rafael Núñez de Cartagena— como terrestres, incluyendo los puestos de Rumichaca en Ipiales y el puente Atanasio Girardot en Cúcuta. La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, reiteró el compromiso de la entidad con la seguridad del país y la protección de la niñez, destacando la efectividad de la cooperación internacional. El refuerzo de estos controles fronterizos se da en un contexto en el que la violencia sexual contra menores es una problemática interna significativa. En Medellín, por ejemplo, de los 88 casos de violencia sexual registrados en lo que va de 2025, el 56,8 % (50 casos) ha tenido como víctimas a niños, niñas y adolescentes. Las autoridades locales, en coordinación con entidades como el ICBF, han implementado rutas de atención integral para las víctimas, que incluyen acompañamiento jurídico, psicológico y social.










