menulogo
Noticias Hoy
notifications
Notificaciones
notifications
Sin notificaciones
user
Close

Economías ilícitas y política de drogas en Colombia

El debate sobre las economías ilícitas en Colombia se intensifica, cuestionando si el oro ha superado a la cocaína en ganancias para los grupos criminales y reevaluando las estrategias del Estado frente al narcotráfico y los cultivos de uso ilícito.
News ImageNews ImageNews Image

A pesar de la creciente percepción de que la minería ilegal de oro genera más ganancias que el narcotráfico en Colombia, un análisis detallado sugiere que la cocaína sigue siendo la principal fuente de ingresos para las organizaciones criminales. Si bien el valor por kilo del oro es superior, los beneficios para estas mafias se ven limitados, ya que solo reciben una fracción de la producción ilegal, principalmente a través de extorsiones equivalentes al 10 % de lo extraído por mineros informales o mediante la compra y reventa de oro con márgenes reducidos. Se estima que los grupos armados perciben menos de un tercio de los ingresos totales de la minería aurífera, mientras que los márgenes de beneficio en el tráfico de cocaína, pese a la caída de precios, continúan siendo más altos.

En paralelo, las autoridades mantienen la ofensiva contra el narcotráfico.

Recientemente, el Ejército desmanteló un complejo cocalero del grupo residual Iván Ríos en Barbacoas, Nariño, con capacidad para producir cuatro toneladas de cocaína mensuales destinadas a carteles en México y Estados Unidos. Este tipo de operaciones se enmarcan en un cambio de estrategia del Gobierno, que ha pasado de la erradicación forzada de cultivos a enfocarse en los grandes capos y las redes de lavado de activos. Esta política ha resultado en cifras récord de incautación, con 693.000 kilos de cocaína decomisados en 2025. Este enfoque resalta la necesidad de diferenciar entre la hoja de coca —una planta de uso ancestral, medicinal y alimenticio para las comunidades indígenas— y la cocaína. La prohibición ha estigmatizado la planta y ha ignorado que su cultivo persiste debido a la falta de oportunidades y rentabilidad en el sector agrícola legal. Por ello, se argumenta que la solución no radica en la persecución de los campesinos, sino en una política de sustitución de cultivos robusta, con inversión en vías terciarias, crédito y acceso a mercados. La paz y la legalidad en los territorios dependen de que las familias campesinas puedan vivir dignamente de alternativas a la economía ilícita.

Artículos

6

Economía

Ver más
categoryVer categoría completa