
Precandidatos presidenciales para 2026 y debate sobre salario mínimo marcan el panorama político



A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, el escenario político se dinamiza con el anuncio de nuevas aspiraciones y el surgimiento de debates económicos fundamentales. Recientemente, dos figuras públicas han confirmado su intención de competir por la Casa de Nariño: el senador conservador Efraín Cepeda y el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Efraín Cepeda, actual senador y expresidente del Congreso, oficializó su precandidatura por el Partido Conservador durante un evento en Ibagué. Su discurso se centró en una fuerte oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, posicionándose como la figura capaz de derrotar al proyecto político actual en las urnas. Cepeda destacó su rol en el hundimiento de varias iniciativas gubernamentales durante su presidencia en el Senado (2024-2025), a las que calificó de “ideologizadas”. Además, participa en la gestación de una coalición de partidos tradicionales que busca presentar una candidatura única. Por su parte, Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN y exministro de Comercio del gobierno Petro, también confirmó su aspiración presidencial. Reyes aclaró que no se encuentra inhabilitado para la contienda, ya que su renuncia al cargo ministerial se efectuó con la antelación requerida por la ley para las elecciones presidenciales de mayo. Para medir el respaldo ciudadano, lanzó una encuesta en línea y no descarta postularse mediante la recolección de firmas. Reyes ha sido crítico con el trato del actual gobierno hacia el sector empresarial y propone una reforma en la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Paralelamente a estos movimientos electorales, el Gobierno nacional ha iniciado la discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2026. El presidente Petro ha manifestado su intención de decretar un aumento “sustancial” que supere la inflación, con el objetivo de mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. La negociación se llevará a cabo en la Comisión Permanente de Concertación, que incluye a empresarios, sindicatos y el Gobierno. Si no se logra un consenso, el presidente tiene la facultad constitucional de fijar el aumento por decreto. El Ejecutivo argumenta que un alza significativa impulsará la economía y el empleo formal, basándose en el crecimiento económico actual y las utilidades empresariales.
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