Tensión diplomática entre EE. UU. y Colombia por ataque a embarcación en el Caribe

Un ataque militar de Estados Unidos contra una lancha en aguas del Caribe ha desatado una grave crisis diplomática con Colombia. Mientras Washington asegura haber eliminado a tres “narcoterroristas” del ELN, el gobierno de Bogotá sostiene que las víctimas eran pescadores.

El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Guerra Pete Hegseth, confirmó la ejecución de un “ataque cinético letal” el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales. La operación, ordenada por el presidente Donald Trump, tuvo como objetivo un buque que, según la inteligencia estadounidense, estaba afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), transportaba una cantidad sustancial de narcóticos y navegaba por una ruta de narcotráfico conocida.

Como resultado del ataque, fallecieron tres hombres a bordo, a quienes Washington identificó como “narcoterroristas”.

Hegseth comparó a los carteles de la droga con Al Qaeda y advirtió que serían “cazados y eliminados”. La versión estadounidense fue contradicha categóricamente por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que la lancha pertenecía a “una familia humilde” de pescadores de Santa Marta. Esta discrepancia desató una escalada de tensiones diplomáticas.

Petro calificó a Trump de “grosero e ignorante”, mientras que el mandatario estadounidense acusó al presidente colombiano de “fomentar la producción masiva de drogas” y anunció la suspensión del apoyo económico a Colombia. En respuesta, la Cancillería colombiana rechazó las acusaciones como una afrenta a la soberanía y anunció que acudirá a instancias internacionales.

Este incidente se enmarca en una serie de operaciones militares estadounidenses en el Caribe.

Según los informes, las fuerzas de EE. UU. han bombardeado al menos cinco lanchas, causando la muerte de más de 30 personas bajo acusaciones de narcotráfico, aunque no se han presentado pruebas públicas.

Otro informe menciona 28 muertes desde septiembre.

El gobierno colombiano ha calificado estas acciones como un “crimen de guerra”. Además, el gobierno de Venezuela ha condenado los ataques y expertos los han calificado como una posible violación del derecho internacional.