
Presión de Estados Unidos a Colombia por el fentanilo



La controversia surgió a raíz de un documento del Departamento de Estado estadounidense, revelado por el periodista Daniel Coronell, que pide al gobierno colombiano vetar una lista de insumos farmacéuticos de China.
El presidente Gustavo Petro ha negado haber recibido formalmente dicho informe y ha solicitado respetuosamente a Estados Unidos no entrometerse en la política interna del país, reafirmando la soberanía colombiana. Esta presión se da en un contexto en que Washington ha descertificado a Colombia como socio confiable en la lucha antidrogas, reviviendo tensiones históricas. La situación del fentanilo en Colombia contrasta drásticamente con la de Estados Unidos, donde este opioide sintético causa entre 87.000 y 120.000 muertes anuales por sobredosis. Expertos y autoridades colombianas insisten en que el país tiene un papel marginal en la cadena de producción de esta sustancia. A diferencia de México, en Colombia no se han detectado laboratorios clandestinos de síntesis ilegal y las incautaciones corresponden a fentanilo de uso médico desviado, encontrado en forma de ampollas.
Aunque el problema es marginal, los decomisos han aumentado.
Según cifras del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, en 2022 se incautaron 1.435 ampolletas, en 2023 la cifra fue de 1.518, y en 2024 se disparó a 5.692. Hasta abril de 2025, ya se habían decomisado 982 unidades.
Un decomiso reciente en Arauca, atribuido a disidencias de las FARC, incluyó cajas de estas ampolletas junto a explosivos. Analistas y organizaciones como el proyecto Échele Cabeza consideran que la solicitud estadounidense es una herramienta de presión geopolítica para que Colombia se sume a un conflicto que no le corresponde, enmarcado en la estrategia de Washington para contener el flujo de precursores desde China. Esta situación evoca el recuerdo del Plan Colombia, una estrategia que dejó profundas secuelas de violencia y dependencia.
Colombia se enfrenta ahora a la disyuntiva de ceder a la presión o defender su soberanía y diseñar una política antidrogas propia.
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