Sanciones de EE. UU. dejan en tierra el helicóptero presidencial y desatan crisis diplomática y legal

La inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton de Estados Unidos ha provocado la suspensión del mantenimiento del helicóptero presidencial, generando una crisis operativa para el Gobierno y una fuerte reacción por parte del mandatario.

La empresa italiana Leonardo Helicopters, fabricante del helicóptero presidencial AW-139 (matrícula FAC-0008), suspendió temporalmente todos los servicios de mantenimiento, soporte técnico y suministro de repuestos para la aeronave. La compañía comunicó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que la decisión se debe a la necesidad de cumplir con las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras la reciente inclusión del presidente Gustavo Petro en la denominada Lista Clinton. Según la empresa, la medida es preventiva mientras se obtiene la autorización correspondiente de la OFAC para continuar con el servicio, y no representa un cambio en su compromiso contractual. La suspensión tuvo consecuencias operativas inmediatas, como la interrupción de un viaje programado de la vicepresidenta Francia Márquez al departamento del Cauca. Este hecho ha generado una situación calificada como "crítica" por fuentes de seguridad, ya que deja al Gobierno sin su principal medio de transporte aéreo seguro y expone a los altos funcionarios a riesgos logísticos.

El Ministerio de Defensa está gestionando una excepción ante la OFAC para reactivar el contrato, pero el proceso podría tardar semanas. En respuesta, el presidente Petro calificó la medida como "una ofensa para Colombia" y anunció acciones contundentes.

A través de sus redes sociales, informó que dio la orden de poner en venta el helicóptero presidencial, argumentando que "prácticamente no lo necesito". Adicionalmente, instruyó a sus abogados para que inicien una demanda contra Leonardo Helicopters por incumplimiento de contrato. El mandatario también atribuyó la situación a una persecución política por sus posturas internacionales, específicamente por sus declaraciones sobre el "genocidio en Palestina".

Hizo un llamado al "movimiento democrático italiano" para que investigue la actuación de la empresa y afirmó que las sanciones, diseñadas para combatir el crimen, se están utilizando para censurar el pensamiento crítico a nivel mundial.