Cali clama por un plan nacional contra la violencia mientras blinda su seguridad con una inversión histórica

Ante una escalada de ataques y la creciente presión de grupos criminales, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha solicitado al Gobierno Nacional y a la cúpula militar un plan de choque contundente para frenar el terrorismo y la delincuencia en la ciudad.

En medio de un panorama de seguridad deteriorado, marcado por una serie de ataques violentos contra la fuerza pública y la sociedad civil, como el ocurrido en el CAI de Charco Azul, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo un llamado urgente a la cúpula militar para ampliar y ejecutar un plan de choque nacional contra el terrorismo y el crimen organizado. El mandatario insistió en que la ciudad no puede enfrentar sola esta amenaza y necesita acciones más contundentes para capturar o neutralizar a los miembros de bandas de sicarios y ladrones que se expanden por el territorio. Eder señaló que la situación de orden público se ha vuelto más compleja durante la etapa final del actual Gobierno Nacional, lo que representa un desafío significativo para la próxima administración. Por ello, considera imperativo activar una ofensiva que limite la capacidad de desestabilización de los grupos armados antes de que ganen más terreno. Como contrapartida local, el alcalde anunció que Cali contará en 2025 con el presupuesto de seguridad más alto de su historia, sumando un total de $339.000 millones. De estos, $189.000 millones se destinarán directamente a estrategias de seguridad y fortalecimiento institucional, mientras que $150.000 millones adicionales serán para mejorar la infraestructura de la fuerza pública. Uno de los proyectos clave financiados con estos recursos será la construcción de una gran estación de Policía en el sur de la ciudad. Adicionalmente, como muestra de respaldo a los uniformados, Eder confirmó la implementación de beneficios, incluyendo subsidios de vivienda que se entregarán a través de dos ferias. La primera, dirigida a la Policía, se realizará antes del 30 de noviembre, y una segunda se organizará para los demás miembros de las Fuerzas Militares, cumpliendo así con un compromiso previo de incluirlos en la política pública de vivienda de la ciudad.