Colombia impulsa su transición energética con nuevos megaproyectos eólicos y solares

El país avanza en la diversificación de su matriz energética con la aprobación del parque eólico Windpeshi de Ecopetrol en La Guajira y el desarrollo de nuevas plantas solares, aunque persisten complejos desafíos sociales y territoriales en esta expansión.

Colombia está fortaleciendo su apuesta por las energías renovables con la aprobación de importantes proyectos de infraestructura. La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó la inversión para el parque eólico Windpeshi, que se construirá en Uribia y Maicao, La Guajira. Este será el proyecto eólico más grande del país, diseñado, ejecutado y operado en su totalidad por la compañía.

Con una capacidad instalada de 205 megavatios (MW) a través de 41 aerogeneradores, Windpeshi quintuplicará la capacidad eólica actual de Colombia. La energía generada, estimada en 1.006 GWh anuales, se destinará principalmente al autoabastecimiento del Grupo Ecopetrol, contribuyendo a la descarbonización de sus operaciones y evitando la emisión de más de 140.000 toneladas de CO₂ al año. Paralelamente, el desarrollo de la energía solar también muestra un crecimiento significativo. En Tierralta, Córdoba, la empresa Urrá inauguró un parque solar con capacidad de 19,9 MW. Por su parte, Emcali obtuvo la licencia ambiental para construir el Parque Solar Mulaló en Yumbo, Valle del Cauca, que con 69,9 MWp será el más grande del suroccidente colombiano y podrá abastecer a unos 50.000 hogares. Se estima que la energía solar, que en 2022 aportaba el 2 % de la energía nacional, podría cerrar el año representando entre el 10 % y el 12 %.

Sin embargo, esta rápida expansión, denominada por algunos como una "fiebre solar" especialmente en departamentos como La Guajira y Cesar, presenta complejidades. Una investigación académica revela que la expansión de proyectos solares hereda patrones de anteriores bonanzas extractivas y agrícolas, como la del carbón o el algodón, que dejaron tierras degradadas y conflictos por la tenencia. Los expertos señalan que las empresas aprovechan la modularidad de los paneles solares para fragmentar los proyectos y eludir umbrales de licenciamiento ambiental más estrictos, dificultando la supervisión ciudadana y regulatoria. Esta dinámica ha generado especulación sobre la tierra y ansiedad en las comunidades sobre la distribución de beneficios y daños. En este contexto, se cuestiona la noción de una "transición energética justa". Para las comunidades locales, una de las principales formas de injusticia es la falta de capacidad para entender qué está en juego y cómo pueden beneficiarse.

Iniciativas gubernamentales como las "Comunidades Energéticas" buscan abordar esto, pero enfrentan dificultades en su implementación. El programa, que pretende transferir capacidades a las comunidades para que gestionen sus propios activos energéticos, ha delegado parte de su ejecución en empresas de servicios públicos, lo que podría reproducir las desigualdades existentes en lugar de resolverlas.