Ofensiva judicial contra la evasión: DIAN y Fiscalía buscan recuperar $1,2 billones de impuestos no consignados

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación han iniciado una jornada nacional para citar a más de 22.000 contribuyentes que recaudaron impuestos y no los entregaron al Estado. Esta acción conjunta busca culminar los procesos penales abiertos y recuperar una cartera que supera los $1,2 billones.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación adelantan una jornada conjunta los días 18 y 19 de noviembre para avanzar en la culminación de procesos penales contra 22.375 recaudadores. Estas personas y entidades están siendo investigadas por haber retenido valores correspondientes a impuestos como el IVA, la Retención en la Fuente y el Impuesto al Consumo, sin haberlos transferido a la autoridad tributaria. Según Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general (e) de la DIAN, la cartera adeudada por este concepto asciende a $1,2 billones. Para gestionar estos casos, 6.000 de los contribuyentes morosos serán citados en las sedes de la Fiscalía a nivel nacional, mientras que los 16.375 restantes deberán presentarse en las oficinas de la DIAN. Durante estas jornadas, los citados tendrán la oportunidad de regularizar su situación mediante el pago total de la deuda, la formalización de acuerdos de pago o la aplicación de recursos previamente embargados. El objetivo principal de esta acción coordinada es dar un cierre judicial a los expedientes abiertos. Para los deudores, la única forma de detener el proceso penal en su contra es realizar el pago completo de la obligación tributaria. De no hacerlo, se enfrentan a las consecuencias estipuladas en el artículo 402 del Código Penal, que contempla penas de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble del valor no consignado. Las autoridades advirtieron que quienes no atiendan la citación o no regularicen su situación se expondrán a medidas coercitivas como embargos y la inclusión en el boletín de deudores morosos del Estado, además de la continuación de los procesos penales hasta sus fases judiciales. El director Betancourt enfatizó que la recuperación de estos fondos es una responsabilidad con los ciudadanos que sí cumplieron con sus obligaciones, ya que los recursos recaudados no pertenecían a los morosos, sino al Estado.