Gobierno de Colombia ordena desclasificar los archivos del extinto DAS

El Gobierno Nacional ha expedido un decreto para levantar la reserva sobre más de 57.000 cajas con archivos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), iniciando un proceso para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la información.

El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que ordena la desclasificación progresiva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La medida busca garantizar el derecho a la verdad y dar acceso público a un fondo documental que contiene 57.425 cajas, las cuales han estado bajo reserva durante años y se encuentran custodiadas por el Archivo General de la Nación (AGN). El proceso de desclasificación se realizará en varias etapas y estará a cargo de dos entidades principales. Primero, el Archivo General de la Nación (AGN) llevará a cabo la intervención técnica y la depuración de los documentos. Estas labores incluyen la foliación, restauración, descripción, digitalización y el retiro de materiales metálicos o abrasivos que puedan deteriorar los soportes físicos, con el fin de preservar la integridad de los archivos originales. Una vez finalizada la fase técnica, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) asumirá la tarea de anonimizar la información. Este paso consiste en ocultar o suprimir datos personales y detalles sensibles que puedan comprometer la seguridad nacional o vulnerar derechos fundamentales.

Solo después de que se complete este proceso de anonimización, los archivos podrán ser puestos a disposición del público.

Posteriormente, el AGN creará una versión digital de consulta abierta para toda la ciudadanía, respetando las excepciones legales. Para asegurar la transparencia, el decreto establece que la DNI y el AGN deberán elaborar y publicar un plan de trabajo conjunto que detalle los protocolos, el presupuesto y el cronograma de las intervenciones. Además, el proceso será gradual y se exigirán reportes públicos sobre los avances.

La normativa estipula que se deberá poner a disposición de la ciudadanía los archivos intervenidos al menos una vez cada seis meses, permitiendo así indagar en actividades como seguimientos e interceptaciones ilegales realizadas por la antigua agencia.