La Fiscalía desarticuló una red de corrupción que manipulaba procesos judiciales

Una red delictiva, integrada por funcionarios y exfuncionarios de la Policía, el CTI y el Inpec, fue desmantelada por la Fiscalía General de la Nación. Los implicados son señalados de cobrar millonarias sumas de dinero para direccionar procesos judiciales por lavado de activos.

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red de corrupción conformada por funcionarios activos, exfuncionarios y particulares, dedicada presuntamente a direccionar procesos judiciales a cambio de dinero. En operativos realizados en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), un Grupo de Tareas Especiales capturó a nueve presuntos integrantes de la estructura criminal.

Entre los detenidos se encuentran cuatro miembros de la Dijin de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron capturados dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, junto a tres particulares que fueron miembros de la Policía y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según la investigación, los implicados aprovechaban sus cargos para exigir sumas de dinero que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió una condena en Estados Unidos y a sus familiares. A cambio de los pagos, la red ofrecía evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes e impedir que se ejecutaran órdenes de captura.

La Fiscalía ha documentado hechos delictivos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025, donde los acusados se reunieron con las víctimas en Bogotá y Villavicencio, exhibiendo información reservada para presionarlos.

Además, se conoció que los involucrados habrían eliminado material probatorio, alterado evidencias y constreñido a testigos para que entregaran información falsa como retaliación por la falta de pago. También son señalados de intimidar a investigadores para acceder a detalles de los procesos de su interés. Los capturados serán imputados por delitos como concierto para delinquir, concusión, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático y amenazas a servidor público, entre otros.