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El Gobierno Nacional anuncia controles a estaciones de servicio por incumplir la rebaja en el precio de la gasolina

A pesar de la reducción de $500 en el precio del galón de gasolina corriente decretada por el Gobierno, consumidores en varias ciudades del país denuncian que la medida no se ha aplicado por completo, lo que ha motivado el anuncio de acciones de vigilancia por parte de las autoridades.
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El Ministerio de Minas y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informaron que implementarán acciones de control para asegurar que todos los distribuidores de combustible apliquen la disminución de $500 por galón en el precio de la gasolina corriente, aprobada por el Gobierno Nacional. La decisión se tomó tras recibir denuncias ciudadanas y evidenciar que, cuatro días después de entrar en vigor, la medida no se ha cumplido de manera generalizada. Según el seguimiento de ambas entidades, en cerca de 25 ciudades principales se ha observado una reducción promedio de solo $300 por galón, mientras que en la mayor parte del país, correspondiente a 1.100 municipios, la rebaja no se ha reflejado en el precio final al consumidor. Las autoridades afirmaron que no existen “condiciones económicas objetivas que justifiquen la postergación de la aplicación de la medida”. En ciudades como Cali, los conductores han manifestado su inconformidad, reportando que son pocas las estaciones que acataron la directriz, mientras que otras aplicaron reducciones parciales de $100 o $200, o simplemente mantuvieron el precio anterior. Ante esta situación, la superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y el ministro de Minas, Edwin Palma, anunciaron que se adelantarán acciones de verificación en el territorio para comprobar que la medida se refleje efectivamente.

Se dará prioridad a los lugares donde se hayan recibido denuncias ciudadanas sobre posibles abusos.

Este incumplimiento ha generado una creciente sensación de falta de control y ha debilitado la confianza de los ciudadanos, quienes cuestionan la efectividad de la supervisión por parte de las entidades responsables, como la SIC y las alcaldías locales.

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