Delcy Rodríguez designa un nuevo jefe de seguridad del Estado tras la captura de Nicolás Maduro



Días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la destitución del general Javier Marcano Tábata. El general estaba al mando de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismos clave para la protección del mandatario. Analistas consideran que la medida responde al fracaso de la guardia en impedir la detención de Maduro. En su lugar, Rodríguez designó al general Gustavo González López, quien asumirá simultáneamente la jefatura de ambos organismos. González López es una figura conocida dentro del chavismo, habiendo dirigido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en dos periodos y ocupado el cargo de ministro de Relaciones Interiores.
Su nombramiento se produce a pesar de estar sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntas violaciones a los derechos humanos durante sus gestiones anteriores. Estos cambios en la cúpula militar son vistos como un movimiento de Rodríguez para consolidar su poder y rodearse de figuras de su confianza en un momento de alta tensión política. La operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro dejó un saldo de decenas de muertos, incluyendo militares venezolanos y asesores cubanos. En respuesta, el gobierno interino decretó siete días de duelo nacional en honor a los fallecidos, a quienes calificó de "jóvenes mártires".
Mientras reconfigura su equipo de seguridad, Rodríguez ha mantenido un discurso dual.
Por un lado, ha rechazado la injerencia extranjera, afirmando que "no hay agente externo que gobierne a Venezuela", en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre "controlar" el país.
Por otro lado, ha manifestado su disposición a trabajar con Washington.
La presidenta interina, quien juró su cargo ante la Asamblea Nacional por orden del Tribunal Supremo de Justicia, enfrenta la presión de EE.
UU., que ha advertido sobre consecuencias si no cumple con exigencias relacionadas con el petróleo.
















