Entre el fuego cruzado y el DIH: La tragedia de seis menores reclutados reaviva el debate sobre los bombardeos en Colombia

La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de seis menores de edad, víctimas de reclutamiento forzado, durante un bombardeo militar en Guaviare contra disidencias de 'Iván Mordisco', desatando un intenso debate sobre los límites de la acción militar y la protección de los niños en el conflicto armado.

La Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes en una operación militar que incluyó un bombardeo contra un campamento de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), lideradas por alias 'Iván Mordisco', en el departamento del Guaviare. En el operativo, que dejó un saldo total de entre 19 y 25 muertos, también se recuperaron cuatro cuerpos que permanecen sin identificar.

La ofensiva fue ordenada por el presidente Gustavo Petro como parte de una serie de acciones contra esta estructura criminal. El hecho generó una controversia institucional y reavivó el debate sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La Defensoría, encabezada por Iris Marín Ortiz, sostuvo que, aunque los menores reclutados a la fuerza pierdan su estatus de civil y participen en hostilidades, conservan una protección reforzada. El organismo enfatizó que su sola presencia en un campamento “no habilita la posibilidad de un ataque” y cuestionó si las Fuerzas Militares pudieron emplear métodos menos lesivos para lograr el objetivo militar, respetando los principios de humanidad, precaución y proporcionalidad. La posición de la Defensoría contradice la versión del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien, según un artículo, había asegurado que la operación no había afectado a ningún menor y posteriormente justificó la acción afirmando que toda persona en situación de combate constituye un blanco lícito. Uno de los textos cita la controversial frase del ministro: “lo que mata no es la edad, es el arma en sí”. Esta discrepancia evidencia una tensión entre el Gobierno y los organismos de control humanitario sobre la interpretación del DIH. A pesar de cuestionar la modalidad de la operación, la Defensoría del Pueblo fue clara en señalar que la responsabilidad originaria de la muerte de los menores recae en el grupo armado ilegal que los reclutó. El reclutamiento forzado de menores de 18 años es calificado como un crimen de guerra y una grave infracción al DIH. Asimismo, el organismo rechazó la instrumentalización de los niños como escudos humanos por parte de estas estructuras.