El Gobierno de Colombia definirá por decreto el salario mínimo de 2026 con el nuevo concepto de salario vital



Luego de que venciera el plazo para llegar a un acuerdo en la mesa tripartita, el gobierno del presidente Gustavo Petro establecerá unilateralmente el incremento del salario mínimo para 2026. La decisión, que se publicará en un decreto entre el 29 y 30 de diciembre, marcará un hito al incorporar por primera vez en su cálculo el concepto de “salario mínimo vital y móvil”, una figura contemplada en el artículo 53 de la Constitución pero nunca antes aplicada de forma explícita. Este nuevo enfoque, impulsado por el presidente Petro y confirmado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se basa en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Busca garantizar que el ingreso de un trabajador sea suficiente para proporcionar un nivel de vida digno no solo para el individuo, sino para su familia.
Esto implica cubrir necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y vestuario, superando la fórmula tradicional que se centraba principalmente en variables como la inflación y la productividad. No obstante, el ministro Sanguino aclaró que estas variables macroeconómicas, junto con el crecimiento económico y la tasa de desempleo, también serán consideradas en la decisión final.
Durante las fallidas negociaciones, las centrales obreras propusieron un aumento del 16 %, mientras que los empresarios ofrecieron un 7,2 %.
Aunque el Gobierno no ha revelado la cifra definitiva, el presidente Petro anticipó que podría superar el 11 % o 12 %.
Un informe técnico de la OIT presentado en la mesa de concertación estimó que un salario vital para un hogar de cuatro personas debería rondar los $2.982.960 mensuales, lo que equivaldría a un salario neto de $1.988.640 por trabajador. El anuncio ha generado un debate entre gremios empresariales, que advierten sobre posibles presiones inflacionarias y costos de contratación, y los sindicatos, que defienden la medida como un impulso al poder adquisitivo y al consumo. Adicionalmente, el Gobierno ha propuesto desindexar algunos cobros del salario mínimo, como las Viviendas de Interés Social (VIS), para proteger el aumento real del ingreso de los trabajadores.

















