Regiones de Colombia afrontan el inicio del año escolar 2026 entre desafíos de matrícula y la garantía de programas sociales



El inicio del año escolar 2026 en Colombia presenta un panorama de contrastes. En Cundinamarca, las autoridades han declarado una emergencia educativa, ya que a solo nueve días de la fecha límite del 19 de enero, más de 40.000 estudiantes aún no han formalizado su matrícula. El gobernador Jorge Emilio Rey ha hecho un llamado urgente a las familias, advirtiendo que sin este trámite, los alumnos no podrán acceder desde el primer día, el 26 de enero, a beneficios como la alimentación y el transporte escolar. Para facilitar el proceso, las instituciones han extendido sus horarios de atención e incluso abrirán los fines de semana. Por su parte, en el Huila, la Secretaría de Educación adelanta la campaña «La Educación abre puertas» con el objetivo de matricular a 127.205 estudiantes en 35 municipios no certificados; a diciembre de 2025 ya se habían inscrito 115.724. En contraste con los desafíos de matrícula, el municipio de Neiva ha garantizado la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases. Con una inversión de $20.496 millones, se asegurará la entrega de 32.500 raciones diarias a estudiantes de 169 sedes educativas urbanas y rurales a partir del 26 de enero. El proceso contractual se cerró exitosamente en diciembre de 2025 y actualmente se encuentra en fase de alistamiento para verificar las condiciones logísticas y sanitarias del operador. A nivel nacional, el Ministerio de Educación ha reiterado la directriz que prohíbe a los colegios públicos y privados imponer la compra de útiles, textos o uniformes de marcas específicas que representen una carga económica innecesaria para las familias. Adicionalmente, se destacan iniciativas locales como la del municipio de Nobsa, que fortaleció su programa de educación inclusiva con un aula especializada para niños y jóvenes con discapacidad, beneficiando a 23 familias. Sin embargo, existe una preocupación generalizada entre los alcaldes, quienes, según la Federación de Municipios, han alertado sobre un posible recorte de casi el 50% al Sistema General de Participaciones, lo que podría afectar la financiación de la educación y otros programas sociales.











