Gobierno Petro enfrenta críticas por gasto público y contrataciones masivas antes de las elecciones de 2026

El gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra en el centro de una controversia por sus recientes decisiones fiscales y de contratación, que han generado acusaciones de despilfarro y uso político de los recursos públicos en vísperas del ciclo electoral de 2026.

En el inicio del año electoral, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido objeto de serios cuestionamientos por su manejo de las finanzas públicas. Una denuncia del candidato a la Cámara, Daniel Briceño, reveló que la administración firmó 101.441 contratos de prestación de servicios por un valor total de 6 billones de pesos durante enero, justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales. Briceño calificó la medida como un acto de "maquinaria, burocracia militante y politiquería" en medio de una crisis fiscal. La controversia se intensifica debido a la proximidad de las elecciones de 2026. El 8 de marzo se elegirá el Congreso y se realizarán las consultas interpartidistas presidenciales, mientras que la primera vuelta presidencial está fijada para el 31 de mayo. La Ley de Garantías (Ley 996 de 2005) busca precisamente evitar que los recursos del Estado se utilicen para favorecer campañas, imponiendo restricciones a la contratación directa. La firma masiva de contratos justo antes de este periodo ha generado sospechas sobre una posible motivación política para alimentar redes burocráticas.

Paralelamente, el Gobierno enfrenta dificultades fiscales tras un intento fallido por generar recursos adicionales.

El 22 de diciembre de 2025, decretó una emergencia económica luego de que su reforma tributaria no prosperara en el Congreso, con la meta de recaudar más de 11 billones de pesos. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto en enero de 2026, frenando la aplicación de nuevos impuestos al patrimonio, al sector financiero y a productos como licores y tabaco. Antes de la suspensión, el Ejecutivo logró recaudar cerca de 1,65 billones de pesos, en su mayoría provenientes de contribuyentes que se acogieron a beneficios por deudas con la DIAN. La decisión de la Corte obligó al Gobierno a anunciar recortes presupuestales por 16,3 billones de pesos para equilibrar las finanzas. Estos eventos ocurren en un contexto de aumento de la deuda pública, que pasó de 197.500 millones de dólares en 2023 a 239.000 millones en octubre de 2025, lo que ha avivado el debate sobre la transparencia y la austeridad en el gasto público.