
Crisis humanitaria y ofensiva militar en Gaza



El ejército de Israel ha intensificado su ofensiva en la Ciudad de Gaza, afirmando controlar el 40 % de la urbe y el 75 % de la Franja. Como parte de su avance, ha emitido nuevas órdenes de evacuación para que los civiles se desplacen hacia el sur, a una “zona humanitaria” designada en Al-Mawasi o Khan Younis. Las operaciones militares han incluido la destrucción de edificios de gran altura, como la torre Susi, bajo el argumento de que eran utilizados por Hamás. A pesar de que Israel asegura que sus ataques son contra la organización y que se esfuerzan por proveer servicios humanitarios, los testimonios de los desplazados y la postura de países como Egipto, que califica de “absurdo” que el desplazamiento sea voluntario, contradicen esta versión. La situación humanitaria ha alcanzado un punto crítico, con una hambruna declarada que, según Unicef, pone en riesgo a por lo menos 450.000 niños.
Los palestinos desplazados en las supuestas zonas seguras denuncian la falta de espacio, agua, saneamiento y ayuda alimentaria, además de la continuación de los ataques. El sistema de salud ha colapsado y la infraestructura médica es insuficiente para atender la emergencia. Las cifras de víctimas mortales proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por la ONU, ascienden a más de 64.300 personas, en su mayoría mujeres y niños, como resultado de las represalias israelíes tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos en Israel. En el ámbito internacional, existe un creciente consenso entre académicos y algunos líderes mundiales para calificar las acciones de Israel como un genocidio. En mayo de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. Aunque esta medida es histórica, su efectividad es limitada por la falta de un mecanismo de aplicación global. Se discuten otros escenarios, como una intervención humanitaria, aunque esta se ve obstaculizada por el derecho internacional actual y el riesgo de una escalada bélica, dado que Israel posee armas nucleares.
El politólogo Daniel Goldhagen ha propuesto la creación de un nuevo tipo penal, la “guerra contra la humanidad”, para justificar jurídicamente tales intervenciones y detener a los responsables.
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