Crisis política en Madagascar: Golpe de Estado tras la huida del presidente Rajoelina



La inestabilidad en Madagascar se intensificó tras semanas de protestas antigubernamentales que comenzaron el 25 de septiembre, lideradas por el movimiento "Generación Z" y motivadas por cortes de agua y luz. La situación llegó a un punto crítico el domingo 12 de octubre, cuando una unidad de élite del ejército, la CAPSAT, se unió a los manifestantes. Ante la presión, el presidente Andry Rajoelina huyó del país a un “lugar seguro” de ubicación no revelada, aunque fuentes militares y medios franceses sugieren que fue evacuado a Francia, país del que tiene doble nacionalidad. Un día después, el 13 de octubre, Rajoelina emitió un video pidiendo “respetar la Constitución” para resolver la crisis. El martes 14 de octubre, los acontecimientos se precipitaron.
En un intento por bloquear un voto de destitución en su contra por deserción del cargo, Rajoelina disolvió la Asamblea Nacional por decreto. A pesar de la orden, los legisladores procedieron y votaron a favor de su destitución con 130 votos, superando el umbral constitucional requerido.
Dicha votación, sin embargo, debe ser validada por el Tribunal Constitucional Superior para ser efectiva.
La presidencia había calificado la sesión como carente de base legal. En medio de este vacío de poder, el coronel Michael Randrianirina, jefe de la unidad militar CAPSAT, anunció que el ejército había tomado el control del país. Esta misma unidad jugó un papel clave en el golpe de 2009 que llevó a Rajoelina al poder. Randrianirina informó sobre la creación de un comité de oficiales para ejercer las funciones de la presidencia y prometió el establecimiento de un gobierno civil en los próximos días, con el objetivo de organizar elecciones “libres y transparentes”. Las reacciones en la capital, Antananarivo, han sido mixtas, con celebraciones por parte de opositores al régimen y temor a la represión en otros sectores. La comunidad internacional, incluyendo la Unión Africana y las Naciones Unidas, ha expresado su preocupación por la ruptura del orden constitucional. La ONU reportó al menos 22 muertes en los enfrentamientos desde el inicio de las protestas. El futuro del país es incierto, con analistas advirtiendo sobre el riesgo de que la crisis humanitaria se agudice en una nación ya afectada por altos niveles de pobreza.
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