La Corte Constitucional suspende el decreto que creaba nuevos impuestos para las empresas generadoras de energía

La Corte Constitucional suspendió provisionalmente un decreto clave de la emergencia económica declarada por el Gobierno, frenando la creación de nuevos impuestos para las empresas generadoras de energía. La decisión se basa en la suspensión previa del decreto que originó el estado de excepción y genera incertidumbre sobre la estabilidad del sector eléctrico en la Costa Caribe.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación de 6 a 2, suspendió provisionalmente los efectos del Decreto Legislativo 044 de 2026, que establecía nuevas contribuciones para las empresas generadoras de energía. La medida había sido expedida por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado a través del Decreto 1390 de 2025. El alto tribunal fundamentó su decisión en un principio de consecuencia legal, argumentando que al haber suspendido previamente el "decreto madre" que declaró la emergencia, todas las normativas derivadas de este, como el impuesto al sector energético, quedan automáticamente sin efectos hasta que se emita un fallo de fondo sobre su constitucionalidad. La ponencia que propuso la suspensión fue presentada por la magistrada Paola Meneses, nueva presidenta de la Corte. La solicitud de suspensión también fue impulsada por empresas del sector privado como Isagen, que argumentó una vulneración de principios constitucionales.

El decreto suspendido contemplaba dos mecanismos principales para inyectar liquidez al sistema eléctrico, especialmente para rescatar financieramente a la empresa Air-e, que suministra energía en la Costa Caribe y se encuentra intervenida.

Las medidas incluían una contribución parafiscal del 2,5 % sobre las utilidades antes de impuestos de las generadoras y un "Aporte Solidario en Especie", que obligaba a las hidroeléctricas a entregar el 12 % de su energía vendida en bolsa.

La decisión generó diversas reacciones.

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) calificó el fallo como "coherente" y confirmó que las compañías no alcanzaron a realizar ningún pago, ya que el cobro no se había liquidado. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió el decreto como una herramienta fundamental para evitar un riesgo sistémico y un posible apagón en la región Caribe. La suspensión abre un escenario de incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera de Air-e y la prestación del servicio eléctrico en el norte del país.