
Tribunal de EE. UU. declara ilegales los aranceles de Trump, pero la batalla legal se traslada a la Corte Suprema



La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos dictaminó, en una votación de 7 a 4, que el presidente Donald Trump se excedió en sus facultades al imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) de 1977. Según el tribunal, esta ley permite al presidente “regular” las importaciones durante una emergencia nacional, pero no le delega explícitamente la facultad de imponer impuestos o aranceles, un poder que la Constitución otorga al Congreso. El fallo sostiene que la administración utilizó la IEEPA como un atajo para aplicar gravámenes sin los límites y procedimientos que exigen otras leyes comerciales.
La decisión afecta directamente a los aranceles “recíprocos” de abril de 2025 y a los impuestos a China, Canadá y México de febrero de 2025, justificados por el tráfico de fentanilo y el déficit comercial. Sin embargo, no impacta los aranceles sobre el acero y el aluminio, que fueron implementados bajo otras bases legales.
Pese a declarar la ilegalidad de las medidas, los jueces anularon una orden judicial previa que prohibía su cobro de forma universal y suspendieron la ejecución de su propia sentencia hasta el 14 de octubre, para dar tiempo a la Casa Blanca de apelar.
En la práctica, los aranceles seguirán vigentes y continuarán siendo cobrados en las aduanas por el momento. El gobierno de Trump ya anunció que llevará el caso a la Corte Suprema, con la esperanza de que la mayoría conservadora del tribunal revierta la decisión. El presidente calificó el fallo como producto de un tribunal “altamente partidista” y afirmó en sus redes sociales que la eliminación de los aranceles sería “un desastre total para el país”. Este enfrentamiento legal trasciende la política comercial y se convierte en un debate sobre la separación de poderes. La decisión final de la Corte Suprema establecerá un precedente clave sobre hasta qué punto un presidente puede utilizar leyes de emergencia para implementar políticas económicas sin la aprobación explícita del Congreso.
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