Contraloría advierte que repatriación de inversiones de fondos de pensiones afectaría el ahorro y aumentaría la presión fiscal

Una propuesta del Gobierno para obligar a los fondos de pensiones a repatriar billonarias inversiones del exterior ha generado una fuerte advertencia de la Contraloría General, que alerta sobre los riesgos para el ahorro de los afiliados y la estabilidad fiscal del país.

El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto que busca reducir el límite de inversión en el exterior para los fondos de pensiones obligatorias, administrados por las AFP, del 49 % actual al 30 % en un plazo de cinco años. La propuesta, que estuvo abierta a comentarios hasta el 4 de febrero de 2026, implicaría el retorno forzoso de capitales al mercado local para ser invertidos en sectores estratégicos para la producción nacional. Ante esta iniciativa, la Contraloría General de la República emitió un análisis técnico advirtiendo sobre graves consecuencias. El ente de control señaló que limitar la diversificación internacional podría generar una menor rentabilidad para los ahorros de millones de colombianos. Históricamente, las inversiones en mercados internacionales han mostrado un rendimiento superior; la Contraloría indicó que, desde la creación de los multifondos, el portafolio moderado ha rentado un 8,5 % anual, mientras que uno invertido solo en Colombia habría alcanzado cerca de un 3,8 %. Esta diferencia podría ocasionar que un trabajador reciba una mesada pensional hasta un 29,5 % menor.

El informe proyecta que la medida obligaría a repatriar cerca de $100,3 billones para 2028 y $177,8 billones para 2030, sin que exista certeza sobre la capacidad del mercado local para absorber dicho capital de manera productiva. La Contraloría estima que se podría dejar de percibir en rentabilidad un 3,7 % sobre esos recursos, equivalentes a $3,2 billones menos en las cuentas individuales. Además, la entidad alertó sobre un incremento en la presión fiscal.

Dado que la Constitución establece que el Estado es garante de la pensión mínima, si los fondos generan menores rendimientos, el Gobierno tendría que cubrir el faltante, aumentando el riesgo de déficit. Este escenario se agravaría en el marco de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), actualmente en revisión por la Corte Constitucional, que a partir de 2037 vería una disminución de afiliados activos frente a un aumento de pensionados, elevando las obligaciones fiscales del Estado.