La Corte Constitucional suspende provisionalmente el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro



La Sala Plena de la Corte Constitucional, con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, ordenó la suspensión provisional del decreto que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en diciembre de 2025. Esta medida cautelar, considerada histórica por ser la primera vez que se aplica a un decreto de esta naturaleza, congela temporalmente todos sus efectos, incluidos los decretos derivados que crearon o modificaron impuestos. La decisión se tomó mientras el alto tribunal realiza el estudio de fondo sobre la constitucionalidad de la declaratoria. La ponencia, presentada por el magistrado Carlos Camargo, argumentó que la suspensión era necesaria para evitar daños irreparables al orden constitucional. La Corte señaló que el estado de emergencia no puede ser utilizado como un mecanismo para introducir en el ordenamiento jurídico medidas extraordinarias, como reformas tributarias, que no lograron superar el debate democrático en el Congreso de la República, vulnerando principios como la separación de poderes y la legalidad tributaria. El Gobierno había decretado la emergencia tras el hundimiento de su reforma tributaria en el Congreso, con el objetivo de recaudar aproximadamente 11,1 billones de pesos para atender lo que describió como una compleja situación fiscal.
Sin embargo, diversos sectores políticos, gremiales y jurídicos, incluyendo al exministro José Antonio Ocampo, cuestionaron la medida, argumentando que los problemas fiscales eran estructurales y previsibles, y no cumplían con los requisitos de ser hechos "sobrevinientes y excepcionales" que exige la Constitución. El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó el fallo, afirmando que la Corte "está protegiendo a los más ricos". La suspensión se mantendrá vigente hasta que la Corte emita un fallo definitivo.
La deliberación se realizó con ocho de los nueve magistrados, tras aceptarse el impedimento del presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, por haber opinado públicamente sobre el caso.











