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Reforma pensional en vilo: el pasado del magistrado Carvajal con Colpensiones define su futuro en la Corte Constitucional

La Corte Constitucional ha ordenado a Colpensiones entregar los contratos y conceptos emitidos por el magistrado Héctor Carvajal antes de su nombramiento, una decisión clave para resolver la recusación que mantiene en suspenso el futuro de la reforma pensional en Colombia.
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El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, le ha dado un plazo de cinco días a Colpensiones para que remita todos los contratos, conceptos jurídicos y documentos suscritos por el actual magistrado Héctor Carvajal Londoño antes de su posesión. Esta solicitud es fundamental para definir una recusación en su contra que ha suspendido el estudio de constitucionalidad de la reforma pensional del Gobierno Petro. La recusación fue presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien argumenta que Carvajal estaría impedido para participar en el debate, ya que, en su rol previo como asesor jurídico y contratista de Colpensiones, habría emitido conceptos sobre la misma reforma. La Corte busca específicamente los documentos que sustentan la solicitud de dichos conceptos, en particular uno sobre la "inconstitucionalidad de la reforma pensional" y otro relacionado con el traslado entre regímenes pensionales. La senadora Valencia ya había intentado obtener esta información mediante una tutela, pero la entidad no respondió, lo que motivó la orden directa del alto tribunal. El análisis de la reforma pensional se encuentra detenido hasta que la Sala Plena resuelva si el magistrado Carvajal puede o no participar en la votación. Una vez Colpensiones entregue la información solicitada, se dará traslado por tres días a la senadora Valencia y al magistrado Carvajal. La decisión es crucial, pues el magistrado Ibáñez ya radicó una ponencia negativa que argumenta vicios de trámite en la aprobación de la ley en el Congreso, como la falta de tiempo para el debate y la irregularidad al acoger el texto del Senado. El futuro de la reforma pensional depende de este proceso.

La Corte Constitucional podría declararla constitucional, declararla inexequible en su totalidad si se comprueban vicios graves e insubsanables, o determinar una inexequibilidad parcial o diferida, dando un plazo al Congreso para corregir posibles errores.

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