Tensión en el Sistema de Salud: Corte Constitucional actúa contra el Minsalud por la financiación de la UPC

La Corte Constitucional ha iniciado un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el presunto incumplimiento de las órdenes judiciales para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2026. Esta decisión agudiza la tensión entre el poder judicial y el Gobierno en medio de la crisis financiera del sistema de salud colombiano.

En diciembre de 2025, el alto tribunal abrió el proceso sancionatorio al considerar que el Ministerio de Salud no ha entregado los estudios técnicos que garanticen la suficiencia de la UPC, el monto que el Estado transfiere a las EPS para cubrir la atención de cada afiliado. Adicionalmente, la Corte compulsó copias a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que investiguen las posibles omisiones del ministro en el cumplimiento de las órdenes judiciales. La controversia se remonta a enero de 2025, cuando la Corte declaró la insuficiencia de la UPC vigente y ordenó su reajuste basado en análisis rigurosos. Según los magistrados, el Gobierno ha fijado el valor de la UPC basándose principalmente en la inflación (IPC) y no en estudios técnicos que consideren variables como el envejecimiento de la población o el costo de nuevas tecnologías. Para 2025, el aumento fue del 5,36 %, a pesar de que un estudio interno del propio ministerio recomendaba un incremento de entre el 10 % y el 14 %. El Gobierno justificó su decisión argumentando la mala calidad de los datos entregados por las EPS. Por su parte, el ministro Jaramillo ha defendido públicamente que los recursos actuales son suficientes y ha acusado a las EPS de presionar para obtener más dinero.

Sin embargo, gremios médicos, asociaciones de pacientes y sociedades científicas han advertido que la insuficiencia de la UPC es real y pone en riesgo la prestación de servicios, lo que podría llevar al cierre de hospitales y clínicas. Esta situación impacta directamente a los ciudadanos, quienes enfrentan retrasos en citas, negación de servicios y falta de medicamentos.

El decreto que fijará el ajuste para 2026 será el último que expida la actual administración, lo que aumenta la presión sobre el Ministerio.