Escándalo UNGRD: Contraloría imputa a exdirectivos por detrimento de $22 mil millones en compra de carrotanques

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por más de $22 mil millones por graves irregularidades en la compra de 80 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, un caso que involucra a ex altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La investigación de la Contraloría General se centró en dos contratos para la adquisición de 80 vehículos tipo carrotanque. El primer proceso imputó responsabilidad fiscal por $9.573 millones en la compra de 40 unidades a la empresa Impoamericana Roger S.A.S. Según el ente de control, la compañía sobrestimó el valor de los vehículos, no ejecutó prestaciones obligadas y recibió pagos anticipados sin soportes de cumplimiento. Además, los carrotanques, que debían entregarse en noviembre de 2023, no fueron recibidos a satisfacción hasta enero de 2024. Por estos hechos, se imputó responsabilidad a título de dolo a la empresa, así como al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, y al exsubdirector Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. El detrimento patrimonial inicial por sobrecostos, calculado en $10.772 millones, se redujo a $1.708 millones tras reintegros por $9.064 millones realizados por los implicados en el marco de preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación. Un segundo proceso de responsabilidad fiscal fue abierto por $12.579 millones, correspondiente a la compra de otros 40 carrotanques a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral – Yapurutú. Esta contratación se realizó para cumplir la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenaba garantizar el acceso al agua para el pueblo Wayúu. La Contraloría determinó una gestión fiscal "ineficaz, ineficiente y antieconómica", que resultó en un detrimento patrimonial por sobrecostos, pagos por mantenimientos que no se prestaron y valores adicionales derivados de deficiencias en la planeación. En este caso, la imputación fue a título de culpa grave contra López Martínez, Pinilla Álvarez y la corporación proveedora. A pesar de las irregularidades detectadas en la adquisición, la Contraloría archivó la actuación relacionada con la finalidad social de los contratos, ya que se constató que los 80 vehículos se encuentran actualmente en funcionamiento, distribuyendo agua en las comunidades. De igual manera, se archivó la investigación a favor del actual director de la UNGRD, Carlos Alberto Carrillo Arenas, por el hecho relacionado con la funcionalidad de los bienes.