Alerta de la Contraloría: El insostenible costo de las pensiones militares y policiales en Colombia

La Contraloría General de la República ha emitido una severa advertencia sobre la insostenibilidad del régimen pensional de la Fuerza Pública, cuyos pasivos futuros amenazan con superar los 140 billones de pesos y ejercer una presión insostenible sobre las finanzas de la nación.

Un estudio sectorial de la Contraloría General de la República, que analizó más de 200 millones de registros entre 2008 y 2023, reveló un riesgo fiscal estructural en el régimen especial de pensiones de la Fuerza Pública. El informe destaca que el gasto en este rubro superó los 11,68 billones de pesos en 2023, lo que equivale al 0,71 % del PIB nacional. Las proyecciones actuariales son aún más alarmantes, estimando que los pasivos pensionales futuros podrían alcanzar una cifra superior a los 140 billones de pesos, desglosados en un rango de 42,3 a 62,3 billones para las Fuerzas Militares y de 58,0 a 80,6 billones para la Policía Nacional. La creciente presión fiscal se ve agravada por una transformación demográfica dentro de la Fuerza Pública.

Entre 2008 y 2023, el personal activo de las Fuerzas Militares disminuyó de 173.900 a 158.400 efectivos. Simultáneamente, el número total de beneficiarios del sistema pensional (incluyendo asignaciones de retiro, invalidez y sobrevivencia) se incrementó de 41.227 a 111.908 en el mismo período. Este fenómeno evidencia un envejecimiento progresivo de la fuerza laboral y un aumento significativo en el número de retirados, quienes representaron el 12,8 % del total en 2023.

El estudio también identificó vulnerabilidades macroeconómicas y fallas administrativas.

El pasivo pensional presenta una alta sensibilidad a variaciones en la inflación y las tasas de descuento, lo que aumenta el riesgo para la estabilidad fiscal del país. Adicionalmente, se encontraron inconsistencias históricas en las bases de datos, como registros duplicados, errores en fechas de nacimiento y problemas en la homologación de grados, que dificultan la trazabilidad y el control preciso del gasto. Ante este panorama, la Contraloría recomendó una serie de reformas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sin afectar los derechos adquiridos de los uniformados. Entre las sugerencias se encuentran la actualización de los parámetros de retiro, promoviendo criterios más equitativos para los rangos más bajos; la diversificación de las fuentes de financiamiento, incluyendo la creación de fondos de reserva y el uso de recursos extraordinarios como bienes incautados; y la implementación de mecanismos automáticos de monitoreo para anticipar riesgos.