
Investigación de la Contraloría al contrato de helicópteros MI-17 del Ejército



La Contraloría General de la República inició un seguimiento permanente al contrato 012 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa extranjera Vertol Systems Company para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17. El ente de control advierte un riesgo inminente de pérdida de más de 13 millones de dólares, correspondientes a un anticipo de 16,2 millones de dólares (el 50 % del valor total), mientras que el avance físico del proyecto apenas alcanza el 8 %. La situación es crítica, dado que el contrato vence el 15 de noviembre de 2025. Una de las principales irregularidades detectadas se encuentra en el proceso de selección del contratista.
Según la Contraloría, Vertol Systems Company no acreditó la experiencia técnica ni la capacidad financiera requeridas en los estudios previos. A pesar de estas deficiencias, el comité evaluador otorgó el aval jurídico para la adjudicación, lo que vulnera el principio de selección objetiva establecido en la ley de contratación estatal. El seguimiento también reveló una reacción tardía por parte del Ministerio de Defensa. La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército había reportado incumplimientos por parte del contratista en oficios fechados el 21 de febrero, 30 de junio y 23 de agosto de 2025. Sin embargo, el Ministerio solo inició el proceso formal por incumplimiento hasta el 3 de septiembre de 2025, una demora que podría agravar el daño fiscal. El riesgo de pérdida de los recursos públicos se acentúa por la naturaleza jurídica del contratista, una compañía extranjera de responsabilidad limitada sin bienes conocidos en Colombia que permitan aplicar medidas cautelares como embargos. La única opción para recuperar los fondos sería a través de las pólizas de cumplimiento, las cuales han sido modificadas tres veces, reduciendo su cobertura y con una vigencia que no cubre el posible periodo de liquidación del contrato. El potencial incumplimiento de este contrato tendría graves consecuencias para la seguridad nacional, pues impediría el mantenimiento de las aeronaves, llevando a la inmovilización parcial de la flota MI-17. Esto afectaría directamente la capacidad operativa del Ejército para el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna ante amenazas.
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