La Contraloría advierte sobre un posible colapso del sistema de salud en 2026 en medio de una crisis financiera

La Contraloría General de la República ha emitido una severa advertencia sobre el riesgo de un colapso operativo y financiero del sistema de salud colombiano para 2026, una crisis que ya se manifiesta en casos como el de la EPS Emssanar, donde sus trabajadores no han recibido sus pagos.

Un informe de la Contraloría General de la República alerta sobre una crisis estructural en el sistema de salud colombiano que podría llevar a un colapso operativo y financiero en 2026 si no se implementan reformas profundas. El análisis del ente de control señala que fallas persistentes en la atención, gestión y sostenibilidad de los servicios están poniendo en riesgo el acceso oportuno a la atención médica para la población. Según el documento, la combinación de deudas acumuladas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la falta de pago a los prestadores de servicios y una gestión administrativa deficiente han causado un deterioro progresivo en la calidad de la atención. Esto se refleja en retrasos en la entrega de medicamentos, cancelación de procedimientos y dificultades para agendar citas con especialistas, afectando principalmente a pacientes con enfermedades crónicas y a poblaciones vulnerables. La Contraloría también advierte que los recursos destinados al sector no han sido suficientes ni se han utilizado de manera eficiente, lo que agrava la presión sobre la infraestructura hospitalaria y el personal de salud. Un ejemplo concreto de esta crisis es la situación de Emssanar EPS, entidad que se encuentra bajo intervención forzosa de la Superintendencia Nacional de Salud. Cerca de 1.600 de sus trabajadores pasaron la Navidad sin recibir el pago de su prima de servicios y enfrentan la incertidumbre sobre el pago de su salario de diciembre. La Personería de Cali ha exigido a las directivas de la EPS una solución y ha solicitado la intervención del Gobierno Nacional para agilizar el flujo de recursos. Expertos del sector sugieren que los retrasos en los giros del Gobierno a través de la ADRES podrían estar afectando la liquidez de las EPS intervenidas. Ante este panorama, la Contraloría insiste en la necesidad de implementar reformas estructurales y mecanismos de supervisión más estrictos para garantizar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, antes de que las proyecciones más adversas se materialicen.