Sectores económicos y exfuncionarios piden a la Corte Constitucional anular la emergencia económica del Gobierno

La declaratoria de emergencia económica y social del Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una creciente ola de oposición que ha llegado hasta la Corte Constitucional, donde diversos sectores económicos, políticos y exfuncionarios solicitan su anulación por considerarla inconstitucional.

El Consejo Gremial Nacional (CGN) y Fedesarrollo presentaron ante la Corte Constitucional una serie de argumentos para solicitar la inexequibilidad del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica. Ambas organizaciones, junto con exfuncionarios como el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el exdirector de Planeación Nacional Jorge Iván González, coinciden en que la medida no cumple con los requisitos constitucionales de ser una respuesta a hechos sobrevinientes, graves e inminentes. Los demandantes argumentan que las razones esgrimidas por el Ejecutivo, como el desbalance fiscal, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, el deterioro de la seguridad y el fracaso de reformas tributarias en el Congreso, son problemas estructurales y crónicos del país, no crisis imprevistas. El CGN señaló que la obligación de nivelar la UPC es una orden judicial con más de 15 años de seguimiento, mientras que Fedesarrollo calificó los desequilibrios fiscales como una característica estructural del sistema colombiano. Ocampo y González, por su parte, afirmaron que el deterioro fiscal se debe a una expansión discrecional del gasto y a deficiencias en la presupuestación, y que los "errores de estimación no se pueden considerar hechos sobrevinientes". Además de los vicios de fondo, el Consejo Gremial advirtió sobre un posible vicio de forma insubsanable: la firma del decreto por parte de la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, cuya competencia legal para el momento de la suscripción es cuestionada. La controversia ya se encuentra en el alto tribunal, donde los magistrados Carlos Camargo y Juan Carlos Cortés han solicitado la suspensión del decreto principal y de las medidas tributarias derivadas, como el IVA del 19 % a licores y apuestas. En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió la declaratoria, advirtiendo que su suspensión podría generar una crisis fiscal, aumentar especulativamente el costo de la deuda y beneficiar a sectores privilegiados.