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Decisiones Judiciales y Tensiones Institucionales Marcan la Agenda en Colombia

Recientes decisiones judiciales de alto impacto y tensiones entre las ramas del poder público en Colombia han puesto de relieve el debate sobre la independencia de la justicia y la estricta aplicación de las normativas legales.
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La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la personería jurídica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había concedido al partido Dignidad Liberal, movimiento político liderado por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo. El alto tribunal determinó que el CNE actuó con “falsa motivación” y vulneró el ordenamiento jurídico al otorgar el reconocimiento, pues basó su resolución en el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984. El fallo aclara que la jurisprudencia de la Corte Constitucional establece el año 1988 como fecha límite para acreditar hechos de violencia que justifiquen la restitución de una personería, y no se demostró que el magnicidio de 1984 impidiera la participación política del movimiento en comicios posteriores. La especialista en derecho electoral, Ximena Echaverría, explicó que la personería jurídica es una garantía democrática y no un instrumento de reparación histórica.

La decisión tendrá efectos hacia el futuro, por lo que los avales otorgados y los funcionarios ya electos conservarán su validez.

Esta acción judicial fue impulsada por el abogado Samuel Ortiz Mancipe, quien ha logrado anular otras personerías jurídicas.

Paralelamente, en el departamento de Córdoba, ha surgido una controversia entre la Policía Nacional y la Rama Judicial tras la captura de alias “Jean Carlos”, presunto cabecilla del Clan del Golfo. La polémica se desató por declaraciones del comandante de la Policía de Córdoba, coronel Héctor Ruiz Arias, quien afirmó que si el capturado era puesto en libertad, convocaría al grupo anticorrupción de la Dijín. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) rechazó enérgicamente estas manifestaciones, calificándolas como una “presión indebida” que atenta contra la independencia judicial. El sindicato recordó que Colombia se rige por el principio de separación de poderes y que los jueces deben tomar sus decisiones basándose únicamente en la ley, sin influencias de otras ramas del Estado, y que para manifestar inconformidad con un fallo existen los recursos legales establecidos.

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