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Investigaciones por el caso Carlos Ramón González en Nicaragua

La Cancillería de Colombia y la Procuraduría General de la Nación investigan a un diplomático por facilitar trámites de residencia a Carlos Ramón González, exfuncionario requerido por la justicia colombiana y a quien ese país le otorgó asilo político.
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El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, se encuentra en el centro de una controversia diplomática y judicial. González es investigado en Colombia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con imputaciones por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. A pesar de que el gobierno colombiano, a través de la Cancillería y la Fiscalía, solicitó su extradición, Nicaragua le concedió asilo político. El gobierno nicaragüense fundamentó su decisión en una supuesta persecución política contra González debido a su cercanía con el presidente Gustavo Petro, rechazando así la solicitud de entrega. Las investigaciones se centran en Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua. La canciller encargada, Rosa Villavicencio, confirmó que Muñoz enfrenta un proceso disciplinario por haber solicitado en mayo de 2025 la renovación de la residencia de González, una acción que habría facilitado su permanencia en el país centroamericano. Además, se reveló que González habría vivido entre 2024 y 2025 en la casa de la Embajada en Managua, una residencia pagada por el Estado colombiano. Muñoz, quien es un aliado político del exembajador León Freddy Muñoz, gestionó la solicitud de residencia de manera paralela al trámite de extradición que le correspondía como el funcionario de más alto rango. Para esclarecer los hechos, la Procuraduría General de la Nación ha adelantado dos jornadas de inspección en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo de estas diligencias es recolectar toda la documentación relacionada con las gestiones que permitieron a González entrar a Nicaragua y renovar su residencia. Un grupo de expertos del Ministerio Público está a cargo de la recolección y análisis de las pruebas para determinar si se abren investigaciones formales contra los funcionarios implicados.

La Cancillería ha manifestado que está aportando toda la documentación solicitada por la entidad.

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