La doble cara de Bogotá hacia 2026: Avances en infraestructura y economía frente a crisis de seguridad y vivienda

De cara al 2026, Bogotá se presenta como una ciudad de contrastes, donde la promesa de grandes obras de infraestructura y un panorama económico alentador coexiste con profundos desafíos en seguridad y una creciente crisis habitacional.

La capital colombiana se prepara para el 2026 con un presupuesto aprobado en primer debate de $40,4 billones, de los cuales el 80 % ($32,5 billones) se destinará a inversión en política social, infraestructura y seguridad. Esta hoja de ruta financiera respalda la visión del alcalde Carlos Fernando Galán, quien proyecta un año determinante para la entrega de obras clave que buscan aliviar la movilidad y mejorar la calidad de vida en la ciudad. Según el mandatario, la administración ha duplicado la velocidad de ejecución de proyectos. Para 2026, se espera la entrega de la Carrera Novena, el cable aéreo de San Cristóbal, cinco grupos de obra de la Avenida 68 y tres de la Avenida Ciudad de Cali. El proyecto del metro de Bogotá es central en esta estrategia, con una inversión programada de $5,3 billones para ese año y la generación de aproximadamente 15.000 empleos directos y 40.000 indirectos. Este impulso en infraestructura se complementa con un panorama económico positivo, que incluye un crecimiento económico 1 % por encima del promedio nacional, la tasa de desempleo más baja en 18 años y la asignación de 22.000 subsidios de vivienda.

Sin embargo, este optimismo contrasta con graves desafíos sociales.

En materia de seguridad, Galán expresó su preocupación por el fortalecimiento de estructuras criminales ligadas al narcotráfico, que ha llevado a un promedio de tres asesinatos diarios en la ciudad. A esto se suma la limitada capacidad de la fuerza pública, con solo 15.000 policías para ocho millones de habitantes. Paralelamente, Bogotá enfrenta una profunda crisis habitacional, caracterizada por un déficit de vivienda digna que obliga a millones de personas a vivir en condiciones de precariedad, hacinamiento o en asentamientos informales.

Esta situación no solo evidencia una marcada desigualdad y segregación urbana, sino que también perpetúa la pobreza al limitar el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo. Aunque se han implementado políticas de vivienda social, estas resultan insuficientes ante la magnitud de la demanda. Así, mientras la ciudad avanza en la construcción de grandes corredores viales, enfrenta la urgencia de atender problemas estructurales que afectan la seguridad y el derecho a una vivienda digna para sus habitantes.