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Protestas mineras en Antioquia y Chocó por formalización y operativos militares

Mineros de los departamentos de Antioquia y Chocó han bloqueado importantes vías nacionales en protesta por los operativos de la Fuerza Pública contra sus actividades y los incumplimientos del Gobierno en los procesos de formalización. Las manifestaciones han generado graves afectaciones a la movilidad y el comercio regional, mientras se buscan soluciones a través del diálogo.
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En la región del Bajo Cauca antioqueño, mineros de los municipios de Caucasia y Cáceres bloquearon la vía que conecta a Medellín con la Costa Caribe. Los manifestantes, principalmente del sector de Mandinga, protestaron contra los operativos del Ejército Nacional en los que se destruyó maquinaria que, según ellos, es vital para su sustento.

Durante las protestas se registraron quemas de llantas y enfrentamientos con escuadrones antidisturbios. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respaldó las acciones de la Fuerza Pública, asegurando que entre la minería informal se mezclan actividades ilícitas. Tras varias horas de cierre, el bloqueo en Caucasia fue levantado luego de una mesa de diálogo entre los líderes de la protesta y delegados de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Caucasia y la Fuerza Pública. El principal acuerdo fue la creación de una mesa técnica para revisar las condiciones de formalización de la actividad minera en la zona, lo que permitió restablecer completamente la movilidad en este corredor vial. Paralelamente, en el departamento del Chocó, la Asociación de Mineros Agroambientales (ASOMACHO) y la Federación de Mineros del Chocó adelantan un paro indefinido que mantiene cerradas las vías que comunican a Quibdó con Pereira y Medellín. Los mineros denuncian el incumplimiento de compromisos de formalización por parte del Gobierno Nacional, una lucha que, según el representante legal de ASOMACHO, José Elido Correa Rentería, lleva más de 15 años sin soluciones efectivas. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reconoció la complejidad del problema, afirmando que la formalización “no es un proceso de soplar y hacer botellas”. Explicó que es necesario realizar una caracterización de los mineros para distinguir la minería de subsistencia de la que financia a grupos armados, un proceso que requiere inversión y que aún no se ha hecho. La gobernadora propuso una reunión con los ministerios de Defensa, Ambiente, Minas e Interior para concertar un protocolo que permita avanzar en la formalización.

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