El ‘Tarimazo’ de Medellín: La Investigación que Pone en Jaque al Presidente Petro



La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa y formal, bajo el expediente No.
6992, contra el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.
La acción judicial se originó por una denuncia interpuesta por el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout Arango, a raíz del controvertido evento “Paz Urbana”, conocido popularmente como el ‘tarimazo’, que tuvo lugar el 21 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra, en la capital antioqueña. El hecho que motivó la investigación fue la participación en el evento de nueve jefes de bandas criminales del Valle de Aburrá, como alias ‘Tom’, ‘Vallejo’ y ‘El Grande’, quienes fueron sacados de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí para subir a la tarima junto a funcionarios del Gobierno. Este acto fue duramente cuestionado por autoridades locales, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien criticó que se exhibiera a criminales condenados por delitos graves como “voceros de paz”.
La investigación busca determinar si el presidente incurrió en conductas penalmente relevantes. Entre los presuntos delitos que se indagan se encuentran la participación indebida en política, la utilización de recursos públicos para fines proselitistas, la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente, el hostigamiento a autoridades territoriales y la participación de personas privadas de la libertad en un acto de carácter oficial transmitido por medios públicos. Para esclarecer los hechos, la Comisión ordenó la práctica de varias pruebas. Se solicitó al INPEC y al Ministerio de Justicia copias de las resoluciones que autorizaron el traslado de los internos. A la Presidencia de la República se le pidió certificar si alguna de sus dependencias impartió directrices para la organización del evento. Adicionalmente, se requirió a RTVC la copia de la transmisión oficial y se compulsaron copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue la presunta participación irregular de la senadora Isabel Zuleta en la solicitud de salida de los reclusos.

















