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Caso Aguas Vivas: Entre tácticas legales y acusaciones políticas, el juicio contra Daniel Quintero se aplaza hasta 2026

La audiencia de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y doce exfuncionarios por presuntas irregularidades en el caso 'Aguas Vivas' fue suspendida, marcando el inicio de un juicio penal que se reanudará en 2026 en medio de un cruce de estrategias dilatorias y denuncias de montaje político.
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El primer juicio penal contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y doce de sus exfuncionarios por presunta corrupción en el caso 'Aguas Vivas' inició con la audiencia de formulación de acusación, pero fue suspendido por la jueza 22 Penal del Circuito con función de Conocimiento. La diligencia judicial fue reprogramada para continuar el 13 de febrero de 2026. El caso se centra en supuestas irregularidades en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial que habrían incrementado en un 1.300 por ciento el valor de un lote privado en El Poblado, con un beneficio económico estimado cercano a los 40.000 millones de pesos. Durante la jornada, la defensa de los implicados, incluyendo al exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa en representación de Quintero, solicitó la nulidad del proceso. Los abogados argumentaron que la imputación de cargos no detalla con claridad la responsabilidad de cada implicado ni cumple con los estándares legales sobre la determinación de los hechos jurídicamente relevantes. Por su parte, la fiscal del caso, Yarlecy Mena, se opuso a estas solicitudes, calificándolas como una estrategia dilatoria para retrasar el proceso y reabrir debates sobre la legalidad de la imputación. La Fiscalía afirma poseer más de 4.000 pruebas en el caso, y un abogado penalista consultado señaló que solo el delito de peculado agravado podría acarrear una pena superior a los 20 años de prisión. Paralelamente, Daniel Quintero ha calificado públicamente el proceso como “uno de los montajes más burdos” en su contra, orquestado para afectar sus aspiraciones políticas.

El exmandatario sostiene que el lote fue adquirido con irregularidades por la administración de Federico Gutiérrez y que su gobierno terminó dicho contrato “sin pagar un solo peso”. Además, Quintero se refirió a un informe de la Contraloría Distrital que, según él, concluyó que la cesión del lote nunca se ejecutó y que no hubo detrimento patrimonial para el municipio.

Entre los otros exfuncionarios implicados se encuentran Jasblleidys Pirazán García, Mauricio Valencia Escobar y Juan David Agudelo Restrepo, entre otros.

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