La Lucha por la Amazonía: Protección, Riesgos Legales y Maravillas Ocultas

La Amazonía, un tesoro de biodiversidad y maravillas naturales, enfrenta una encrucijada crítica marcada por los esfuerzos de conservación de los gobiernos y las persistentes amenazas de la minería ilegal y los intereses corporativos.

La selva amazónica, hogar de fenómenos naturales únicos como el río Shanay-Timpishka en Perú, cuyas aguas alcanzan temperaturas cercanas a los 90 °C por causas hidrotermales, es también un ecosistema bajo constante presión. Su vasta biodiversidad incluye especies emblemáticas y en peligro de extinción como el delfín rosado, el manatí amazónico, la nutria gigante y el mono araña de cara blanca, amenazados por la caza, la contaminación y la pérdida de su hábitat. En respuesta a estas amenazas, los países de la región han emprendido acciones contundentes. Recientemente, Colombia y Brasil ejecutaron la operación conjunta ‘Amazonía Libre II’, en la que destruyeron 14 dragas de alta capacidad para la minería ilegal en los ríos Puré, Purité y Cotuhé. Este operativo representó un golpe financiero significativo para las estructuras criminales, estimado en 12.000 millones de pesos por la maquinaria destruida, y evitó la contaminación con mercurio de ríos que sustentan a comunidades indígenas no contactadas y a una fauna diversa. Adicionalmente, el gobierno colombiano declaró su porción de la Amazonía como una zona libre de nuevos proyectos de gran minería e hidrocarburos. Sin embargo, esta política de protección enfrenta un obstáculo legal considerable: el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS), presente en tratados de inversión internacionales. Este sistema permite a empresas extranjeras demandar al Estado colombiano si consideran que las políticas ambientales afectan el valor de sus inversiones. Colombia es el país amazónico con más proyectos de petróleo y gas expuestos a este riesgo, lo que probablemente influyó en la decisión de limitar la prohibición solo a nuevas actividades, permitiendo que los contratos existentes continúen. Expertos sugieren que para asegurar la protección amazónica a largo plazo, Colombia debería retirarse de estos acuerdos, eliminando la amenaza de demandas multimillonarias por parte de corporaciones extractivas.