Colombia busca blindar su Amazonía: un hito ambiental con desafíos pendientes

Colombia ha anunciado una medida histórica para declarar toda su región amazónica como una zona de reserva libre de gran minería e hidrocarburos, sentando un precedente mundial en la protección de este bioma vital.

El gobierno de Colombia anunció su decisión de declarar la totalidad de su Amazonía como una zona de reserva ambiental, restringiendo la gran minería y la extracción de hidrocarburos. Esta medida, calificada como histórica, busca proteger más de 483.164 kilómetros cuadrados de selva, lo que representa el 42 % del territorio continental del país y el 7 % de todo el bioma amazónico suramericano. La declaratoria implica la restricción de nuevas actividades extractivas en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés. El anuncio se realizó durante el encuentro de ministros de Ambiente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en el marco de la COP30. En este escenario, Colombia extendió una invitación a los demás países que comparten la Amazonía para construir una alianza regional que blinde al ecosistema de la extracción de combustibles fósiles. Adicionalmente, se informó sobre el lanzamiento de la Comisión Especial de Medio Ambiente y Clima (Cemac), la cual se encargará de coordinar acciones y movilizar recursos para el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación, promoviendo la participación de comunidades indígenas y locales. Es importante precisar que esta iniciativa se basa en un proyecto de resolución que fue publicado para comentarios en septiembre y que aún no ha sido expedido formalmente, ya que se encuentra en fase de consulta. De ser aprobada, la resolución prohibiría la realización de nuevas actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.

Además, aquellos proyectos que actualmente no cuenten con una licencia ambiental deberán ser suspendidos.

Sin embargo, los artículos señalan que el proyecto de resolución no aborda de manera directa otras problemáticas graves que afectan a la Amazonía colombiana, como la deforestación y la minería ilegal de oro. También se menciona que la versión original del proyecto presentaba falencias en materia de participación y conllevaba algunos riesgos jurídicos.