
Detención y deportación de activistas colombianas en Israel



Dos ciudadanas colombianas, Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango, fueron detenidas por autoridades israelíes tras participar en la "Flotilla Global Sumud", una misión internacional que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La flotilla, compuesta por más de 40 embarcaciones y cerca de 500 activistas de diversas nacionalidades, fue interceptada en aguas internacionales por las fuerzas navales de Israel. Tras su detención, las activistas fueron trasladadas a la prisión de Saharonim, ubicada en el desierto del Neguev. Durante una visita consular realizada el 3 de octubre, las mujeres denunciaron ante funcionarios de la Cancillería colombiana las precarias condiciones de su reclusión.
Reportaron haber permanecido sin alimentación durante 48 horas y con acceso limitado a agua potable.
Además, informaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico, lo que motivó una solicitud inmediata del Gobierno colombiano para que se respetaran sus derechos humanos.
Ante esta situación, Bedoya y Barreto firmaron un documento para acogerse a un procedimiento de deportación expedita, el cual se prevé que se complete en un plazo no mayor a 72 horas.
La mayoría de los 473 detenidos de la flotilla optaron por esta vía para agilizar su salida del país.
Aquellos que no aceptaron la deportación voluntaria deberán enfrentar un proceso judicial más largo.
El incidente escaló rápidamente a una crisis diplomática.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el hecho como un "crimen internacional" y ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática de Israel en Bogotá, además de anunciar la denuncia del Tratado de Libre Comercio con ese país. La detención también provocó manifestaciones en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde se exigió la liberación de las activistas y se protestó contra las relaciones comerciales con Israel, algunas de las cuales derivaron en disturbios.
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