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Colombia: el país más letal para los defensores ambientales por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo, Colombia se posicionó como el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente y la tierra durante 2024. Un informe de la organización no gubernamental Global Witness revela la alarmante cifra de violencia y la persistente impunidad que enfrentan los activistas en el territorio nacional.
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Según un informe anual de la ONG Global Witness publicado el 17 de septiembre de 2025, Colombia fue en 2024, y por tercer año consecutivo, el país más mortal para los defensores ambientales. Durante ese año, se registraron 48 asesinatos y desapariciones de activistas, lo que representa casi un tercio de los 142 casos documentados a nivel mundial. Aunque la cifra de 2024 muestra una disminución en comparación con los 79 asesinatos registrados en 2023, la organización advirtió que esta reducción “no equivale a una disminución general de la violencia”.

El reporte detalló que, de las 48 víctimas fatales, al menos 20 eran campesinos y 19 pertenecían a comunidades indígenas.

Entre estos últimos, se destacaron 13 miembros de la comunidad Nasa en el departamento del Cauca. Global Witness identificó la producción de cultivos ilegales y el tráfico de drogas como una de las causas principales de la violencia. Adicionalmente, señaló la existencia de una “cultura del silencio” en la que comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes no denuncian los daños ambientales causados por industrias extractivas por temor, especialmente en zonas de conflicto con presencia de grupos armados. La impunidad es otro de los factores críticos que resalta el informe. En Colombia, solo el 5,2 % de los casos de violencia contra defensores registrados desde 2002 han sido resueltos en los tribunales. Según la organización, aunque en ocasiones se detiene al autor material, los autores intelectuales que planifican y financian los ataques rara vez son condenados. Además, se evidenciaron fallas en los sistemas de protección del Estado; de los 48 líderes asesinados, al menos cinco habían solicitado o recibido medidas de protección. El caso de la lideresa Jani Silva, a quien la Unidad Nacional de Protección (UNP) intentó retirarle su esquema de seguridad, ilustra las deficiencias del sistema y la desconfianza de los activistas en las instituciones.

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