Hito y Desafío: La Apuesta de Colombia por una Amazonía sin Minería ni Petróleo

En una decisión sin precedentes, Colombia se ha convertido en el primer país en declarar la totalidad de su territorio amazónico como una zona libre de gran minería e hidrocarburos, marcando un hito en la protección ambiental a nivel regional y mundial.

El Gobierno de Colombia ha anunciado una medida histórica al declarar todo su bioma amazónico como una “Reserva de Recursos Naturales Renovables”. Esta decisión, adoptada durante la cumbre climática COP30, prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para actividades de gran minería y la exploración y explotación de hidrocarburos en la región. La medida busca proteger un área de más de 483.000 km², que constituye el 42 % del territorio nacional y el 7 % de la Amazonía suramericana, abarcando los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez, calificó la declaratoria como un acto de “soberanía ambiental” y una “inversión ética en el futuro de la región y de la humanidad”. Según la funcionaria, esta es una apuesta para evitar la degradación de los bosques, la contaminación de los ríos y la pérdida de biodiversidad. Además, el gobierno colombiano extendió un llamado a los demás países que comparten la selva para conformar una “Alianza Amazónica por la Vida” y adoptar medidas conjuntas de protección y una transición energética justa.

A pesar del alcance político del anuncio, su implementación enfrenta importantes desafíos.

La medida se basa en un proyecto de resolución que, para hacerse efectivo, requiere un proceso de consulta previa con más de 50 pueblos indígenas que habitan en la zona. Se ha aclarado que la prohibición aplica a nuevas concesiones, pero no necesariamente cancela todos los contratos existentes. Otros retos incluyen el combate a la minería ilegal, que persiste como un grave problema en la región, la capacidad institucional del Estado para fiscalizar el vasto territorio y la posibilidad de presiones económicas o cambios políticos que puedan revertir la decisión en el futuro.