Colombia enfrenta un violento inicio de 2026 con masacres y desplazamientos masivos

La primera semana de 2026 en Colombia ha estado marcada por un recrudecimiento de la violencia, con el registro de tres masacres que dejaron diez muertos y el desplazamiento forzado de cientos de familias, evidenciando los persistentes desafíos de seguridad en el país.

Colombia comenzó el año 2026 con un alarmante repunte de la violencia, registrando tres masacres en los primeros seis días que dejaron un saldo de diez personas asesinadas. Según el instituto Indepaz, este inicio contrasta con la primera semana de 2025, cuando no se reportaron hechos similares.

Los ataques ocurrieron en distintas regiones del país, reflejando la complejidad del conflicto armado y las disputas territoriales entre grupos ilegales.

La primera masacre tuvo lugar el 3 de enero en Santander de Quilichao, Cauca, donde tres mujeres fueron asesinadas en dos ataques consecutivos. El 6 de enero se reportaron dos hechos adicionales: en el nordeste de Antioquia fueron hallados los cuerpos de cuatro personas, tres de ellas de la misma familia, en una zona con presencia del Clan del Golfo. El mismo día, en una vía rural de Norte de Santander, tres hombres fueron asesinados en un área de operaciones del ELN. Simultáneamente, la violencia generó el primer desplazamiento masivo del año en el municipio de Buenos Aires, Cauca.

Enfrentamientos entre las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central) y la Fuerza Pública obligaron a 176 familias, compuestas por cientos de personas, a huir hacia Cali. La Defensoría del Pueblo alertó sobre la crisis humanitaria y solicitó a las autoridades brindar atención integral a las víctimas, instando a los grupos armados a respetar a la población civil.

Estos hechos se enmarcan en un contexto de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, que perpetúan el conflicto. A pesar de los esfuerzos del gobierno por fortalecer la cooperación internacional en seguridad, como la cumbre de AMERIPOL, y de una leve mejora en la percepción de seguridad en algunas ciudades en años anteriores, la violencia en las zonas rurales sigue siendo un desafío estructural que requiere políticas integrales para garantizar la protección de las comunidades vulnerables.