Indecisión en el CNE: El futuro de la campaña Petro 2022 queda en manos de conjueces

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no logró la mayoría necesaria para decidir sobre la presunta violación de los topes de gasto en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, dejando el expediente en manos de dos conjueces que tendrán la última palabra.

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó una decisión definitiva sobre la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022. En la votación, la ponencia que solicitaba sancionar a la campaña por presunta violación de topes electorales obtuvo cinco votos a favor y dos en contra (salvamentos de voto), sin alcanzar la mayoría de seis magistrados requerida para su aprobación. Dos magistrados, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, no participaron en la sesión debido a una recusación y una declaración de impedimento, respectivamente. La investigación se centra en un presunto exceso en los gastos de campaña superior a los 3.500 millones de pesos. La ponencia, presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, sostiene que la campaña no reportó una operación de pagos a testigos electorales ni donaciones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) por más de 500 millones de pesos, incurriendo además en financiación con fuentes prohibidas durante las dos vueltas presidenciales. De haberse aprobado, las sanciones propuestas incluían una multa de aproximadamente seis mil millones de pesos para Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol. También se contemplaban multas para la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto, así como para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica por un valor cercano a los 600 millones de pesos. Al no prosperar la votación, el expediente fue remitido por sorteo a los conjueces Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab, quienes deberán estudiar el caso para que el CNE realice una nueva votación. Mientras tanto, la defensa de la campaña ha solicitado el archivo del proceso, alegando que los plazos legales para investigar ya vencieron. Sin embargo, los magistrados ponentes argumentan que el proceso sigue vigente y podría extenderse hasta abril de 2026 debido a suspensiones ordenadas por otros tribunales.

La resolución final podría tener un impacto significativo en la legitimidad del movimiento político del presidente, especialmente en el contexto de la actual inscripción de candidatos al Congreso.