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El rol del Ejército en el conflicto colombiano: entre alianzas ilegales y la justicia transicional

Investigaciones sobre presuntas alianzas entre miembros del Ejército y grupos armados ilegales, junto con debates sobre su juzgamiento en la justicia transicional, ponen de relieve el complejo papel de la Fuerza Pública en el conflicto colombiano.
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La Fiscalía General de la Nación investiga a dos generales del Ejército por presuntos nexos con disidencias de las Farc, en medio de denuncias de líderes sociales que señalan que estas alianzas se repiten en varias regiones. Uno de los investigados es el general Federico Mejía Torres, quien habría colaborado con la facción disidente Segunda Marquetalia para combatir al Estado Mayor Central (EMC) en el Cauca. El otro es el general Hernando Garzón Rey, retirado por el presidente Gustavo Petro por supuestos vínculos con grupos narcotraficantes en Guaviare.

Ambos oficiales han negado las acusaciones.

Testimonios recogidos en Putumayo y Nariño indican una presunta connivencia de miembros de las Fuerzas Militares con grupos como los Comandos de Frontera, vinculados a la Segunda Marquetalia. Según las denuncias, el Ejército permitiría el actuar de estos grupos, les avisaría de operativos y les daría ventaja en enfrentamientos contra el EMC. También se reporta una supuesta permisividad con el Clan del Golfo en Buenaventura. Sin embargo, los nexos no serían exclusivos con una facción; en Arauca, un teniente fue capturado por filtrar información al EMC y se desmanteló una red de soldados que vendía armas a disidentes.

El Comando de las Fuerzas Militares ha rechazado oficialmente cualquier tipo de acuerdo con grupos ilegales. Paralelamente, el juzgamiento de los militares es un tema central en la justicia transicional. Mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emite sentencias contra exintegrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública por crímenes del conflicto, el expresidente Álvaro Uribe ha propuesto limitar a cinco años las penas para los militares procesados, argumentando un trato judicial desigual. En otro frente, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en un acto público donde el ministro de Defensa pidió perdón por la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro en 1997, comprometiéndose a avanzar en la investigación y búsqueda de la verdad.

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