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Bombardeos a disidencias: ¿Habrá sanciones por muerte de menores en operaciones militares?
Bombardeos en Colombia: Entre la ofensiva militar y la tragedia de los menores reclutados
La muerte de varios menores de edad en bombardeos militares contra disidencias armadas ha desatado un intenso debate nacional sobre la legalidad y ética de estas operaciones, poniendo al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el centro de una moción de censura en el Congreso.
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Recientes operativos de bombardeo por parte de las Fuerzas Militares contra disidencias de alias 'Iván Mordisco' han resultado en la muerte de varios menores de edad, generando una crisis política y un profundo cuestionamiento sobre la estrategia militar del Gobierno. Las cifras sobre el número de víctimas varían: mientras Medicina Legal reporta 15 menores fallecidos desde agosto, la representante Catherine Juvinao denuncia que la cifra podría ascender a 17, sumando dos casos de 2023 y 2024.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha mencionado que son trece.
Como consecuencia directa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfrenta una moción de censura en la Cámara de Representantes, impulsada por la congresista Katherine Miranda y respaldada por otros 30 legisladores. En un debate de control político, el ministro defendió la legalidad de las acciones militares, que según él suman 13 bombardeos en el marco de 1.404 combates. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una indagación preliminar para determinar si hubo omisiones en los protocolos que pudieron haber evitado estas muertes, investigación que se suma a la ya abierta por la Justicia Penal Militar. La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, ha solicitado formalmente al Gobierno la suspensión de los bombardeos para reevaluar sus consecuencias. Marín calificó como 'inadmisible, ni ética ni jurídicamente' que cuatro operativos consecutivos hayan causado la muerte de menores, quienes son víctimas de reclutamiento forzado. La Defensoría cuestiona si en la planeación de los ataques se consideró la alta probabilidad de encontrar menores y si se agotaron otros mecanismos de inteligencia. La entidad ha documentado 162 casos de reclutamiento forzado en 2024, aunque se estima que la cifra real es superior.
El presidente Petro ha defendido las operaciones, asegurando que fueron ordenadas por él y se ajustan al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Sostiene que detener los bombardeos sería una 'ingenuidad brutal' que incentivaría a los grupos armados a reclutar más niños.
Esta postura contrasta con sus críticas en 2019 a un hecho similar, que calificó de 'crimen de guerra'.
Adicionalmente, la representante Juvinao denunció que otros 25 menores habrían muerto en enfrentamientos con la Fuerza Pública entre 2022 y 2024.
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