Autoridades investigan presunta corrupción en contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército

La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría investigan presuntas irregularidades en un millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército, un caso que ya deja tres capturas, incluyendo a un coronel y exfuncionarios del Ministerio de Defensa.

La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación adelantan investigaciones por un presunto entramado de corrupción en un contrato de aproximadamente 32 millones de dólares, suscrito en 2024 entre el Ministerio de Defensa y la firma estadounidense Vertol Systems Company para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 de fabricación rusa del Ejército Nacional. Por estos hechos, las autoridades capturaron a tres personas, cuyas detenciones ya fueron legalizadas por un juez de control de garantías en Bogotá. Los implicados son el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación No. 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y el exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de la misma cartera, Diego Alejandro Manrique Cabezas. Según la Fiscalía, los funcionarios habrían direccionado irregularmente el proceso entre septiembre y octubre de 2024 para favorecer a la compañía estadounidense. De acuerdo con la investigación, el coronel Rincón habría certificado sin soportes la idoneidad de Vertol Systems, a pesar de que el comité evaluador la había descartado. Por su parte, Manrique Cabezas presuntamente modificó los requisitos financieros para permitir que la propuesta fuera aprobada sin cumplir con los indicadores exigidos por la ley.

Finalmente, Mora Tamayo habría suscrito el contrato el 31 de diciembre de 2024, conociendo las irregularidades, y posteriormente autorizó un anticipo del 50 % del valor total, equivalente a más de 16 millones de dólares, que fueron consignados en una cuenta en Estados Unidos. A pesar de que el anticipo fue desembolsado en abril de 2025, el contratista solo ejecutó actividades por cerca de 2,6 millones de dólares. Tras la declaratoria de incumplimiento, un saldo superior a los 13 millones de dólares no ha sido reintegrado al Ministerio de Defensa. La Fiscalía imputó a los tres investigados delitos como falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros.

Los procesados no aceptaron los cargos.

Paralelamente, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria para determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados.