Juicio Disciplinario a Daniel Quintero: La Disputa por el Uso del Suelo en el Proyecto 'Valle del Software'

La Procuraduría General de la Nación ha llamado a juicio disciplinario al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a cinco de sus exfuncionarios por presuntas irregularidades en la modificación del uso del suelo de un lote destinado a un proyecto de innovación.

La Procuraduría General de la Nación abrió un juicio disciplinario contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle (2020-2023), y cinco exintegrantes de su gabinete por presuntas irregularidades en la gestión del suelo del lote ‘Aguas Vivas’, donde se planeaba el proyecto Parque Ambiental Valle del Software.

Los otros exfuncionarios implicados son Jasblleidy Pirazán García, exdirectora de Planeación; y los exsecretarios Mauricio Valencia Escobar (Desarrollo Económico), Juan David Agudelo Restrepo (Educación), Rivier Hernando Gómez Cuevas (Innovación Digital) y Fabio Andrés García Trujillo (General).

La investigación se centra en la expedición del decreto 412 de 2023, con el cual la administración municipal habría modificado el uso del suelo en una zona categorizada parcialmente como suelo de protección y espacio público proyectado, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. De acuerdo con el órgano de control, este decreto incorporó usos, alturas e índices de ocupación que son contrarios a lo estipulado en el Acuerdo 48 de 2014, permitiendo intervenciones urbanísticas como la construcción de equipamientos y hospedajes en áreas protegidas del Ecoparque Las Palmas. La Procuraduría sostiene que, al emitir dicho decreto, Quintero y sus funcionarios habrían excedido su potestad reglamentaria, asumiendo competencias que son exclusivas del Concejo Distrital de Medellín, única entidad facultada para modificar el POT.

La presunta conducta fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo. Este proceso disciplinario es independiente de una investigación penal que adelanta la Fiscalía contra el exmandatario y otros implicados por delitos como peculado por apropiación y prevaricato, relacionados con el mismo predio, que fue cedido al municipio en 2019, valorizado y posteriormente devuelto a sus propietarios originales.