Un médico fue capturado en Bogotá por implantar anticonceptivos vencidos a dos menores de edad



Una familia del municipio de Vergara, Cundinamarca, denunció un grave caso de negligencia médica ocurrido en un consultorio privado de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. La madre de dos adolescentes de 14 y 15 años las llevó al establecimiento para que les fueran insertados implantes anticonceptivos subdérmicos. Sin embargo, durante el procedimiento, la mujer sospechó del comportamiento del personal y, al revisar los empaques de los dispositivos, descubrió que estaban vencidos, con fechas de caducidad que se remontaban a los años 2017, 2020 y 2022. Tras confrontar al médico, este intentó minimizar la situación y, según la denuncia, procedió a retirar uno de los implantes de manera apresurada, causando una lesión en el brazo de una de las menores. La madre contactó a la Policía Nacional, que llegó al lugar y confirmó la irregularidad, procediendo a la captura del profesional de la salud. Posteriormente, la familia acudió a Profamilia, donde expertos ratificaron que los insumos eran inservibles y debían ser retirados de inmediato.
Las autoridades iniciaron acciones contundentes.
La Secretaría de Salud de Bogotá ordenó el cierre preventivo del consultorio mientras se realiza una inspección técnica. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra el médico por delitos como corrupción de productos médicos y posibles lesiones personales. Se conoció además que el implicado ya tenía anotaciones previas por presuntas fallas en otros servicios y que el centro médico carecía de permisos actualizados para realizar procedimientos invasivos. Este hecho ha generado un llamado de atención por parte de las autoridades sanitarias, que instan a la ciudadanía a verificar siempre el registro Invima y la fecha de vencimiento de cualquier dispositivo médico. La Asociación Colombiana de Ginecología advirtió que el uso de métodos vencidos anula su efectividad y puede causar infecciones o reacciones alérgicas. Las menores afectadas reciben acompañamiento médico y psicológico, mientras la familia exige la cancelación de la licencia profesional del médico.










